MALLORCA ROMANA

LAS CIUDADES ROMANAS DE MALLORCA Y SU DIVERSIDAD ESTATUTARIA

El año 123 a.C. es considerado convencionalmente como un punto de inflexión en la historia de Baleares, al coincidir con la intervención del cónsul Q. Cecilio Metelo en el archipiélago. Esta campaña militar que se prolongaría, quizá, a lo largo del añosiguiente supuso, en efecto, la definitiva integración administrativa de las islas en el esquema provincial romano. La presencia diplomática de Roma en las Gymnesiae se remontaba, sin embargo, nueve décadas atrás. El historiador latino Tito Livio menciona el envío de emisarios baleáricos a Cneo Cornelio Escipión en el año 217 a.C., cuando la escuadra romanarealizaba operaciones contra Ebusus , ciudad partidaria del bando cartaginés durante la IIGuerra Púnica.1 La expresión empleada por nuestra fuente -legati pacem petentes -apunta al establecimiento en tal horizonte cronológico de lazos de cooperación entre un número indeterminado de núcleos insulares y el senado romano.

Unos años más tarde, en el 206 a.C., estos vínculos se pondrán tal vez de manifiesto al rechazar violentamente la población mallorquina el intento de invernada del cartaginés Magón. A lo largo de los tres primeros cuartos del siglo II a.C., es probable que un cierto entendimiento con Roma se mantuviera operativo en diversos ámbitos políticos de Mallorca y Menorca, extendiéndose también a Ebusus, la principal ciudad de las Pitiusas.3 Los rasgos principales de la entente pueden, acaso, hipotetizarse por analogía con el modelo de amicitia ,comúnmente empleado por Roma en sus relaciones con la periferia durante el siglo II a.C. Consistirían éstos en el reconocimiento de la especificidad política indígena y en la asunción por parte romana de una laxa responsabilidad de defensa contra terceros. Desde la perspectiva insular, la garantía de seguridad en el fondeo de buques romanos y las facilidades para la aguada y el reabastecimiento de víveres habrían sido requisitos observados en reciprocidad. Es posible, en suma, que al menos una parte del archipiélago se encontrara ya en la órbita política y económica de la potencia romana cuando fue planteada la expedición de Metelo.

Las operaciones del 123-122 a.C. reciben, usualmente, el marchamo de conquista, si bien este término -a tenor de lo ya expuesto- debe matizarse. Escapa a nuestro propósito ofrecer aquí una reflexión detallada sobre los motivos de la expedición meteliana, que han sido ya cuidadosamente analizados por M. G. Morgan, pero cabe señalar que ésta se concentró en ciertas áreas de Mallorca y Menorca, con el objetivo básico del afianzamiento de la seguridad en las rutas del comercio naval, amenazadas por la piratería. Las operaciones romanas -en escenarios marítimos y terrestres- se relacionan por la mayor parte de la crítica actual, a partir de la propuesta del citado investigador anglosajón, con las acciones de L. Aurelio Orestes (cos. 126 a.C.) y C. Sextio Calvino (cos. 124 a.C.) en Cerdeña y Galia Transalpina respectivamente, formando parte de una estrategia senatorial conjunta.

Los testimonios antiguos relativos a las actividades de Metelo -quien recibirá en el 121 a.C. el cognomen ex virtute de Baliaricus con motivo de su desfile triunfal-son muy escasos e informativamente pobres. Cabe deducir a partir de la lectura del geógrafo Estrabón (basado en Posidonio) que sólo una pequeña parte de los indígenas colaboró con los responsables de los asaltos piráticos, si bien Floro y Orosio (pertenecientes a la tradición de Livio) apuntan a una más directa implicación de los isleños. Parece claro, en todo caso, que el problema de la inseguridad en la mar -endémico en el Mediterráneo hasta la época de Augusto- fue empleado ya en la propia Antigüedad como argumento principal para la intervención en el archipiélago balear. La campaña de Metelo se orientó primordialmente a la persecución de los responsables directos -foráneos y locales- de la inseguridad, que sufrirían un importante número de bajas, como indica Orosio. Es probable que los núcleos insulares fieles a la causa romana apoyaran activamente las operaciones del cónsul, obteniendo, tras las mismas, mejoras en el status de su relación con la potencia itálica. El fin de las acciones romanas en el 122 a.C. no supuso, de este modo, una absoluta transformación política del territorio -por cuanto algunos asentamientos habrían conservado ciertos niveles de autonomía interna-pero sí tuvo como consecuencia, ciertamente, junto a la integración provincial del archipiélago, el establecimiento de las primeras guarniciones romanas con vocación de permanencia, orientadas a la patrulla costera y a la vigilancia de los núcleos recientemente sometidos. La llegada de la paz generó, en efecto, la necesidad de un replanteamiento global de las relaciones romanas con cada una de las entidades políticas indígenas. El criterio de Metelo y de su consilium o Estado Mayor se vio complementado, en este punto, con el de una comisión técnica de diez senadores enviada ex profeso por el senado, práctica habitual en la política exterior de la potencia itálica tras la finalización de los conflictos bélicos. Si nos atenemos a los paralelos de la actuación romana en la Península Ibérica, los núcleos indígenas que ofrecieron una oposición violenta a Metelo habrían sido objeto de duras represalias, entre las que se encontrarían la muerte o esclavización de sus habitantes, el saqueo y la demolición de edificios. El territorio controlado hasta entonces por los vencidos habría sido parcialmente confiscado, siendo cedida su administración a los asentamientos prorromanos más próximos, o bien convertido en ager publicus y, en su caso, parcelado.

Desde el punto de vista fiscal -y con independencia de la imposición de indemnizaciones de guerra a los dediticii - la mayor parte de los núcleos insulares se integró sin duda en el nuevo diseño a través de su consideración como civitates stipendiariae (ciudades tributarias). Entre los centros que recibieron inicialmente tal consideración se encontrarían Guium y Tucis ,ciudades mallorquinas de localización incierta que son mencionadas por Plinio el Viejo -si bien aparecen ya en la Naturalis Historia como núcleos de status jurídico más evolucionado-. Tan sólo dos ciudades del conjunto del archipiélago -Ebusus (Eivissa) y Bocchor (Pedret de Bóquer, Port de Pollença)- obtuvieron de Roma la ventajosa calificación jurídica de foederatae. Este estatuto significaba, de hecho -a diferencia de los núcleos sometidos inicialmente a la condición de estipendiarios- el reconocimiento de su capacidad de autogobierno -incluida, de ordinario, la inmunidad fiscal-, a cambio del compromiso de colaboración militar con Roma contra terceros. Las ciudades federadas mantuvieron vigentes, así, durante un largo periodo de tiempo, la práctica totalidad de sus legislación, magistraturas, asambleas y otras instituciones locales, así como las competencias en administración territorial. En el conjunto de Hispania, los escasos núcleos que recibieron de Roma tal consideración presentan algunos rasgos comunes, tales como su pujanza económica -asociada frecuentemente a la presencia de infraestructuras portuarias- o su adhesión incruenta a la causa romana, no obstante un pasado de hostilidad -caso de Gadir o Ebusus -. Carecemos de datos precisos sobre la fecha del establecimiento de los foedera de Ebusus y Bocchor con el Estado romano. No existe tampoco la certeza de que ambos se redactaran de forma sincrónica. En todo caso, los investigadores han propuesto, a título de hipótesis, algunos hitos cronológicos al menos para el caso ebusitano, como el final de la II Guerra Púnica en el 201 a.C., la pacificación del cuadrante nororiental peninsular por el cónsul M. Porcio Catón en el 195 a.C., la III Guerra Púnica -que trajo consigo la destrucción de Cartago en el 146 a.C.- o la expedición de Metelo a Baliares del 123-122 a.C. A estas posibilidades cabe añadir, según hemos defendido como hipótesis, la de una cronología baja, correspondiente ya a la tercera década del siglo I a.C. Este último planteamiento lleva implícita, obviamente, la necesidad de contemplar dos etapas en la relación de Ebusus con el senado romano-republicano: la primera, originada por la rendición incondicional de la ciudad en una fecha incierta, acaso coincidente con el final de la II Guerra Púnica. El poder normativo emanado de los propios términos de la deditio - acordados por el imperator romano que aceptó la rendición incondicional- pudo dotar a la ciudad de un marco legal suficiente para su continuidad institucional durante varias décadas. Sólo en un segundo momento -y a causa de excepcionales circunstancias de inseguridad regional- habría sido considerada oportuna por el senado una oficialización del statu quo por medio de un tratado formal o foedus. El paralelo gaditano es, desde este punto de vista, elocuente, pues conocemos por Cicerón la existencia de iniciativas en el 78 a.C. tendentes a la redacción o renovación de los términos de la relación de la ciudad con Roma, que serán definitivamente expresados ahora en forma de foedus. Hemos subrayado, también, a este respecto, la existencia de indicios de carácter numismático en Ebusus -tales como la novedosa inclusión en el Grupo Campo XIX (datado post 91 a.C.) de leyenda de ceca y marca de valor-que podrían sugerir transformaciones políticoinstitucionales coincidentes en el tiempo con las de Gadir /Gades.

Si en el caso ebusitano existe al menos la posibilidad de construir hipótesis, el panorama de la civitas Bocchoritana en lo relativo a la cronología y circunstancias políticas de su foedus es todavía más problemático. Parece claro, en todo caso -teniendo en cuenta el perfil del conjunto de las civitates foederatae de Hispania - que este núcleo portuario y comercial del norte de Mallorca se adhirió por iniciativa propia a la causa romana sin que mediara, por tanto, un enfrentamiento militar directo. Considerando implícitamente que tal aproximación pudo darse en el 217 a.C., R. Zucca incluye a los Bocchoritani entre los habitantes de Mallorca que repelieron el intento de invernada de Magón en el 206 a.C., estableciendo una relación de causa-efecto entre tal actitud y la obtención del estatuto de civitas foederata por parte de Roma. Sería deseable que futuras investigaciones proporcionaran confirmación de tan sugerente hipótesis. La integración jurídica de cada uno de los núcleos de población preexistentes al 123 a.C. en los nuevos esquemas del Derecho romano se vio también acompañada, como ya señalábamos, por la adscripción administrativa del conjunto del archipiélago balear a la provincia romana más próxima: Hispania Citerior, así como por una serie de iniciativas de claro sesgo económico-militar, tales como el fomento de la colonización. El geógrafo Estrabón atribuye, en efecto, a Metelo (Baleárico) la fundación de póleis, en referencia a Palma y Pollentia. Paralelamente, nuestra fuente alude al traslado de tres mil hombres procedentes de Iberia, que serían asentados en tierras del archipiélago. Desde la perspectiva arqueológica, no obstante, esta referencia literaria plantea, en la actualidad, dificultades de comprobación, pues las estructuras romanas más antiguas conocidas en los centros mencionados se fechan a partir de la segunda o tercera década del siglo I a.C. La hipótesis más novedosa orientada a solventar esta divergencia entre las informaciones literarias y las conclusiones arqueológicas fue la propuesta por H. B. Mattingly en 1983, al atribuir a otro miembro de la gens Caecilia -Metelo Pío- la iniciativa del trasvase de población en el contexto de la reorganización de Hispania tras las guerras sertorianas. La llegada de los tres mil -entre los que se encontrarían numerosos itálicos, hispanos romanizados e hybridae, junto a algunos ciudadanos romanos- coincidiría de este modo, plenamente, con el inicio del registro arqueológico estructural en los principales núcleos romanos de la isla. De acuerdo con esta interpretación, antes del siglo I a.C. no debiera hablarse, en puridad, de ciudades de nueva planta, sino de meros puestos de vigilancia militar o castella .

El carácter estrictamente castrense de los primeros asentamientos romanos en el archipiélago -datables en 122 a.C.- continúa siendo hoy plenamente aceptable. Nos hallaríamos ante una amplia cadena de guarniciones de escasa entidad, diseminadas básicamente a lo largo del litoral mallorquín y menorquín y en las proximidades de ciertos núcleos indígenas. Parece probable, sin embargo -frente a la hipótesis de un error en el geógrafo de Amaseia -, que los tres mil hombres mencionados por Estrabón se encontraran destinados al servicio en tales puestos ya en el 123-122 a.C. La reducida dotación de cada uno de los puntos de vigilancia y la probable amortización de edilicia local son rasgos que podrían explicar por sí mismos la no recuperación de restos de estructuras romanas correspondientes al siglo II a.C. en Palma y Pollentia, sin perjuicio de que futuras excavaciones arqueológicas arrojen alguna luz sobre este punto, siendo revelador el caso de Sanisera.

Tras varias décadas de actividad y una vez regularizada la presencia romana en el archipiélago, algunos de estos destacamentos o castella perdieron su razón de ser y fueron desmantelados, en tanto que otros acuartelamientos -entre los que se encontrarían los de Palma y Pollentia - iniciaron un proceso de diversificación de actividades, recibieron inmigrantes civiles y, ya en el siglo I a.C., eclosionaron como verdaderas ciudades, dotándose de modelos organizativos típicamente itálicos. El primer registro arqueológico romano en ambos centros se relaciona, en efecto, con este impulso demográfico y político, que puede rastrearse en las fuentes de la Guerra Sertoriana. En su biografía del célebre opositor del régimen silano, Plutarco ofrece algunas breves alusiones a las operaciones militares en el archipiélago, aludiendo, por primera vez, a la existencia de una guarnición romana en Ebusus.

El biógrafo menciona también, significativamente, la presencia en la escuadra del silano Annio Lusco -que se dirigía a las islas- de cinco mil hoplitas , es decir, de soldados de infantería pesada, que, desde nuestro punto de vista, fueron muy probablemente destinados al refuerzo de las bases militares del archipiélago. Sería esta llegada masiva de contingentes la que -unida al fenómeno de la migración civil, muy notable ya en el siglo I a.C.- explicaría el inicio del registro arqueológico en los principales núcleos romanos de Mallorca. La condición jurídica de Palma y Pollentia -así como su posterior evolución estatutaria- continúan siendo en la actualidad objeto de polémica, por cuanto resulta difícil conciliar entre sí las referencias de las fuentes clásicas alusivas al status de ambas ciudades mallorquinas, que son mencionadas por Plinio como oppida civium Romanorum por Mela como coloniae. Se ha venido aceptando mayoritariamente la fundación de estos centros como ciudades dotadas de una organización plenamente romana ya en el 123-122 a.C., con un status inicial de colonias latinas. Tal es la postura de prestigiosos investigadores, entre los que se encuentran H. Galsterer, R. C. Knapp, J. M. Abascal-U. Espinosa y J. Mangas. Los argumentos esgrimidos por los defensores de esta reconstrucción se centran en la habitual negativa senatorial durante el siglo II a.C. al establecimiento de colonias de ciudadanos romanos fuera de Italia, si bien parecen haber existido excepciones.

Frente a estas interpretaciones, asumiendo con Mattingly que la etapa inicial de Palma y Pollentia fue la de castella , la refundación de ambos centros como núcleos políticos -es decir, su nacimiento como ciudades- pudo corresponder a una coyuntura histórica relativamente distante, acaso ya iniciada la centuria siguiente, sin que existieran entonces obstáculos para su organización como colonias de ciudadanos romanos. Durante el siglo I a.C., la romanización del conjunto del archipiélago comienza a manifestarse, en efecto, como una realidad tangible, tanto desde el punto de vista socioeconómico -con el desarrollo progresivo de un nuevo modelo de explotación agrariabasado en el empleo de mano de obra esclava y la parcelación del territorio- como desde la perspectiva cultural, documentándose el inicio de la latinización y la incorporación de nuevos cultos religiosos. La romanización del archipiélago presentó, sin embargo, una marcada tendencia hacia la heterogeneidad. El proceso experimentó un ritmo más rápido en Mallorca que en las islas vecinas a causa de la mayor intensidad del fenómeno migratorio y de la influencia ejercida por las ciudades romanas de Palma y Pollentia en elentorno inmediato. Son diversos los elementos documentales que permiten acreditar esta notable intensidad de las transformaciones.

Entre ellos, destacan la epigrafía de Sa Carrotja y nuestros datos sobre la evolución estatutaria de las ciudades indígenas. La necrópolis de Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca) ha proporcionado, hasta la fecha, una cincuentena de inscripciones funerarias, que constituyen el principal corpus epigráfico para el estudio de la romanización rural de la isla de Mallorca. Los estudios de M. Orfila han podido determinar un periodo de máxima utilización de este cementerio entre los siglos I a.C. y I d.C. Cabe reseñar, en primer lugar, que la introducción del hábito epigráfico parece, en sí misma, producto de la influencia romana, como sucede en otras áreas del Occidente antiguo. En él ámbito talayótico y postalayótico no parece haberse dado un sistema específico de escritura, de forma que los indígenas pasaron directamente de un mundo ágrafo al signario y lengua latinos, como es el caso de Sa Carrotja, si bien resulta probable que algunos individuos se hallaran familiarizados ya con los patrones culturales púnicos.

El análisis de la antroponimia de la necrópolis de Ses Salines desvela un interés creciente de la población local por los modelos onomásticos romanos (duo o trianomina ). A la hora de transformar su denominación, un elevado número de indígenas relegó a la posición de cognomen su viejo nombre en lengua vernácula, adoptando ahora el nomen (y, a veces, también el praenomen), del general responsable de las campañas romanas del 123-122 a.C. No nos hallamos en tales casos, evidentemente, ante miembros de gens Caecilia en sentido estricto, ni tampoco cabe reconocer en estas manifestaciones la presencia de ciudadanos romanos. La formulación de los epígrafes corresponde, más bien, a miembros de una población rural que, por razones de oportunidad política, económica y social, optó por un cambio onomástico oficioso, siquiera para consignar por primera -y única- vez su nombre por escrito en el trance de la muerte.

Los principales agentes de la romanización de centros como el de Ses Salines -cuyo nombre antiguo desconocemos-no fueron tanto ciudadanos romanos como hispanorromanos e itálicos. Estos últimos, según ha demostrado M.ª J. Pena, habrían influido notablemente en el cambio lingüistico de la población indígena, cuyas particularidades en el uso del latín epigráfico recuerdan, en efecto, a variantes oscoumbras. Las razones de la presencia de tales itálicos -así como de numerosos inmigrantes de otras procedencias- estriban en las nuevas posibilidades ofrecidas por el territorio insular para la colonización agraria, proceso económico en el que también habría tomado parte, de algún modo, la población indígena. Íntimamente unido al fenómeno de romanización se encuentra, como hemos apuntado ya, el de un nuevo modelo de explotación del territorio basado, en ocasiones, en el sistema de centuriación. En el ámbito de la isla de Mallorca, los trabajos pioneros de V. Rosselló Verger sugirieron la existencia de parcelaciones romanas en las áreas de Ses Salines, Santanyí y Calonge, hipótesis que fueron objeto de ulteriores matizaciones. Por su parte, J. Cardell ha desvelado a existencia de trazas de otro antiguo catastro a partir del estudio de las supervivencias de lindes romanas en paredes y vías de comunicación identificables en la actualidad, talescomo la carretera Palma-Alcúdia en el tramo de Consell a Inca, el Camí Vell de Muro y el camino de Sencelles a Sta. Eugènia.

La importancia del proceso romanizador en la isla de Mallorca se manifiesta también en la temprana promoción jurídica de algunas de sus ciudades indígenas. Para el estudio de tal evolución contamos con el testimonio excepcional de Plinio el Viejo, cuya Naturalis Historia -compilación del saber de su tiempo- se halla inspirada, por lo que aquí respecta, en fuentes de época de Augusto. En su catálogo de ciudades de la provincia Tarraconense, Plinio alude a Guium y Tucis como oppida latina . Es reseñable el carácter temprano de la concesión de tal status -que comportaba una nueva organización de las ciudades siguiendo los patrones administrativos romanos-, puesto que la mayor parte de los centros hispánicos no lograría la promoción sino con el Edicto de Latinidad, promulgado por Vespasiano en 73-74 d.C. y desarrollado por los restantes emperadores de a dinastía Flavia.37 En el caso de Guium y Tucis , la cronología preflavia de su promoción se deduce considerando tanto la datación de la fuente de Plinio como, especialmente, el hecho de que, en el pasaje pliniano alusivo a las islas, Ebusus , Iamo y Mago -futuros municipios flavios- aparecen aún como no privilegiados. Cabe pensar, por tanto, en época augústea como momento probable para tales cambios.

La temprana romanización de Guium y Tucis parece haber sido análoga a la experimentada por un tercer núcleo indígena de Mallorca, la ciudad de Bocchor. Este importante centro portuario, único de la mayor de las Baliares en haber gozado de estatuto de federación con Roma, evolucionó también, probablemente, al rango de municipio latino, de modo que, en época de las fuentes de Plinio, había dejado ya atrás su inicial status de oppidum foederatum, según se deduce de la expresión empleada en la Naturalis Historia, no exenta, sin embargo, de dificultades interpretativas. El fin de Bocchor como federada de Roma no supuso, como ha venido defendiéndose, el ocaso de la ciudad mallorquina, debilitada, supuestamente, por la proximidad de Pollentia, sino, más bien, una nueva etapa de integración en la que la pujanza del nuevo municipio pudiera acreditarse epigráficamente. Dos son los textos conservados al respecto. Se trata, en ambos casos, de epigrafía jurídica en bronce, alusiva a la designación, por parte de las autoridades locales, de patronos de la ciudad.

Los documentos, que se fechan respectivamente en los años 10 a.C. y 6 d.C., ilustran sobre la capacidad de la ciudad para lograr la protección -en el primer testimonio- del consularis M. Licinio Crasso Frugi, posible gobernador saliente de la provincia en opinión de R. Syme -un planteamiento, sin embargo, recientemente discutido por J. Juan Castelló- La vitalidad económica, política y administrativa de las ciudades romanas de Mallorca puede reconstruirse con cierto grado de precisión en los casos de los grandes centros como Palma y Pollentia. La arqueología y la epigrafía constituyen aquí los pilares de nuestra investigación, habiéndose producido, en los últimos años, importantes avances. Por lo que respecta a la ciudad de Palma, hoy en día la práctica totalidad de los investigadores acepta la ubicación del núcleo romano en el subsuelo de la moderna capital administrativa del archipiélago. Conviene recordar, en todo caso, que no se ha recuperado aún una referencia explícita al topónimo Palma en la -por otra parte escasa- epigrafía de Ciutat. De la estructura política de este centro conocemos, como era esperable en cualquier ciudad organizada a la romana, la existencia del duunvirato, máxima responsabilidad local ejercida de forma colegiada por dos personas durante el plazo de un año. Esta magistratura es mencionada en la lápida del Estudi General Lul.liá, publicada por G. Rosselló Bordoy en 1955, inscripción alusiva a un miembro de la élite local adscrito a la tribu Velina.

La epigrafía de Pollentia , mucho más abundantemente recuperada a causa de la ubicación del yacimiento en campo abierto,43 ilustra también sobre la pertenencia de sus ciudadanos a la citada tribu, siendo ambos núcleos mallorquines los únicos del conjunto de Hispania vinculados a la Velina. Son diversas las referencias pollentinas al ejercicio del duunvirato, entre las que destacaríamos, por su novedad, la recuperada en la campaña de excavación del verano del 2001, bajo la dirección de M. Orfila. La epigrafía de la ciudad ofrece también detalles sobre la existencia de la edilidad como magistratura inferior delcursus honorum.

Junto al ejercicio de magistraturas, las inscripciones informan acerca de la presencia de senado local o curia en Pollentia -aunque es indudable su existencia para el resto de las ciudades privilegiadas-, así como del ejercicio de sacerdocios cívicos -tales como el pontificado o el flaminado- por los notables locales. Algunos de éstos se desplazaron de unas ciudades mallorquinas a otras en busca de mayor promoción personal. Así el ciudadano romano Cn. Cavio Amethysto, quien, tras completar en Guium el cursus local, se radicó en Palma, ciudad en la que desempeñó también todas las magistraturas, terminando su carrera, muy probablemente, como máximo responsable del culto imperial del conjunto de la provincia Tarraconense. Fue, en efecto, la capital provincial el destinode la carrera política de diversos personajes originarios de las islas, y parte de nuestrainformación epigráfica se ha localizado allí. Tal es el caso de los palmenses L. Aufidio Segundo y L. Clodio Ingenuo, así como del palmense o pollentino Q. Cecilio Serrano, todos ellos ya en época altoimperial.

Enrique García Riaza, Mayurqa (2003), 29: 71-83. El año 123 a.C. es considerado convencionalmente como un punto de inflexión en la historia de Baleares, al coincidir con la intervención del cónsul Q. Cecilio Metelo en el archipiélago. Esta campaña militar que se prolongaría, quizá, a lo largo del año siguiente supuso, en efecto, la definitiva integración administrativa de las islas en el esquema provincial romano.

La presencia diplomática de Roma en las Gymnesiae se remontaba, sin embargo, nueve décadas atrás. El historiador latino Tito Livio menciona el envío de emisarios baleáricos a Cneo Cornelio Escipión en el año 217 a.C., cuando la escuadra romana realizaba operaciones contra Ebusus , ciudad partidaria del bando cartaginés durante la II Guerra Púnica.1 La expresión empleada por nuestra fuente -legati pacem petentes - apunta al establecimiento en tal horizonte cronológico de lazos de cooperación entre un número indeterminado de núcleos insulares y el senado romano.

Unos años más tarde, en el 206 a.C., estos vínculos se pondrán tal vez de manifiesto al rechazar violentamente la población mallorquina el intento de invernada del cartaginés Magón. A lo largo de los tres primeros cuartos del siglo II a.C., es probable que un cierto entendimiento con Roma se mantuviera operativo en diversos ámbitos políticos de Mallorca y Menorca, extendiéndose también a Ebusus, la principal ciudad de las Pitiusas.3 Los rasgos principales de la entente pueden, acaso, hipotetizarse por analogía con el modelo de amicitia ,comúnmente empleado por Roma en sus relaciones con la periferia durante el siglo II a.C. Consistirían éstos en el reconocimiento de la especificidad política indígena y en la asunción por parte romana de una laxa responsabilidad de defensa contra terceros. Desde la perspectiva insular, la garantía de seguridad en el fondeo de buques romanos y las facilidades para la aguada y el reabastecimiento de víveres habrían sido requisitos observados en reciprocidad. Es posible, en suma, que al menos una parte del archipiélago se encontrara ya en la órbita política y económica de la potencia romana cuando fue planteada la expedición de Metelo.

Las operaciones del 123-122 a.C. reciben, usualmente, el marchamo de conquista, si bien este término -a tenor de lo ya expuesto- debe matizarse. Escapa a nuestro propósito ofrecer aquí una reflexión detallada sobre los motivos de la expedición meteliana, que han sido ya cuidadosamente analizados por M. G. Morgan, pero cabe señalar que ésta se concentró en ciertas áreas de Mallorca y Menorca, con el objetivo básico del afianzamiento de la seguridad en las rutas del comercio naval, amenazadas por la piratería. Las operaciones romanas -en escenarios marítimos y terrestres- se relacionan por la mayor parte de la crítica actual, a partir de la propuesta del citado investigador anglosajón, con las acciones de L. Aurelio Orestes (cos. 126 a.C.) y C. Sextio Calvino (cos. 124 a.C.) en Cerdeña y Galia Transalpina respectivamente, formando parte de una estrategia senatorial conjunta.

Los testimonios antiguos relativos a las actividades de Metelo -quien recibirá en el 121 a.C. el cognomen ex virtute de Baliaricus con motivo de su desfile triunfal-son muy escasos e informativamente pobres. Cabe deducir a partir de la lectura del geógrafo Estrabón (basado en Posidonio) que sólo una pequeña parte de los indígenas colaboró con los responsables de los asaltos piráticos, si bien Floro y Orosio (pertenecientes a la tradición de Livio) apuntan a una más directa implicación de los isleños. Parece claro, en todo caso, que el problema de la inseguridad en la mar -endémico en el Mediterráneo hasta la época de Augusto- fue empleado ya en la propia Antigüedad como argumento principal para la intervención en el archipiélago balear. La campaña de Metelo se orientó primordialmente a la persecución de los responsables directos -foráneos y locales- de la inseguridad, que sufrirían un importante número de bajas, como indica Orosio. Es probable que los núcleos insulares fieles a la causa romana apoyaran activamente las operaciones del cónsul, obteniendo, tras las mismas, mejoras en el status de su relación con la potencia itálica. El fin de las acciones romanas en el 122 a.C. no supuso, de este modo, una absoluta transformación política del territorio -por cuanto algunos asentamientos habrían conservado ciertos niveles de autonomía interna-pero sí tuvo como consecuencia, ciertamente, junto a la integración provincial del archipiélago, el establecimiento de las primeras guarniciones romanas con vocación de permanencia, orientadas a la patrulla costera y a la vigilancia de los núcleos recientemente sometidos. La llegada de la paz generó, en efecto, la necesidad de un replanteamiento global de las relaciones romanas con cada una de las entidades políticas indígenas. El criterio de Metelo y de su consilium o Estado Mayor se vio complementado, en este punto, con el de una comisión técnica de diez senadores enviada ex profeso por el senado, práctica habitual en la política exterior de la potencia itálica tras la finalización de los conflictos bélicos. Si nos atenemos a los paralelos de la actuación romana en la Península Ibérica, los núcleos indígenas que ofrecieron una oposición violenta a Metelo habrían sido objeto de duras represalias, entre las que se encontrarían la muerte o esclavización de sus habitantes, el saqueo y la demolición de edificios. El territorio controlado hasta entonces por los vencidos habría sido parcialmente confiscado, siendo cedida su administración a los asentamientos prorromanos más próximos, o bien convertido en ager publicus y, en su caso, parcelado.

Desde el punto de vista fiscal -y con independencia de la imposición de indemnizaciones de guerra a los dediticii - la mayor parte de los núcleos insulares se integró sin duda en el nuevo diseño a través de su consideración como civitates stipendiariae (ciudades tributarias). Entre los centros que recibieron inicialmente tal consideración se encontrarían Guium y Tucis ,ciudades mallorquinas de localización incierta que son mencionadas por Plinio el Viejo -si bien aparecen ya en la Naturalis Historia como núcleos de status jurídico más evolucionado-. Tan sólo dos ciudades del conjunto del archipiélago -Ebusus (Eivissa) y Bocchor (Pedret de Bóquer, Port de Pollença)- obtuvieron de Roma la ventajosa calificación jurídica de foederatae. Este estatuto significaba, de hecho -a diferencia de los núcleos sometidos inicialmente a la condición de estipendiarios- el reconocimiento de su capacidad de autogobierno -incluida, de ordinario, la inmunidad fiscal-, a cambio del compromiso de colaboración militar con Roma contra terceros. Las ciudades federadas mantuvieron vigentes, así, durante un largo periodo de tiempo, la práctica totalidad de sus legislación, magistraturas, asambleas y otras instituciones locales, así como las competencias en administración territorial.

En el conjunto de Hispania, los escasos núcleos que recibieron de Roma tal consideración presentan algunos rasgos comunes, tales como su pujanza económica -asociada frecuentemente a la presencia de infraestructuras portuarias- o su adhesión incruenta a la causa romana, no obstante un pasado de hostilidad -caso de Gadir o Ebusus -. Carecemos de datos precisos sobre la fecha del establecimiento de los foedera de Ebusus y Bocchor con el Estado romano. No existe tampoco la certeza de que ambos se redactaran de forma sincrónica. En todo caso, los investigadores han propuesto, a título de hipótesis, algunos hitos cronológicos al menos para el caso ebusitano, como el final de la II Guerra Púnica en el 201 a.C., la pacificación del cuadrante nororiental peninsular por el cónsul M. Porcio Catón en el 195 a.C., la III Guerra Púnica -que trajo consigo la destrucción de Cartago en el 146 a.C.- o la expedición de Metelo a Baliares del 123-122 a.C. A estas posibilidades cabe añadir, según hemos defendido como hipótesis, la de una cronología baja, correspondiente ya a la tercera década del siglo I a.C. Este último planteamiento lleva implícita, obviamente, la necesidad de contemplar dos etapas en la relación de Ebusus con el senado romano-republicano: la primera, originada por la rendición incondicional de la ciudad en una fecha incierta, acaso coincidente con el final de la II Guerra Púnica. El poder normativo emanado de los propios términos de la deditio - acordados por el imperator romano que aceptó la rendición incondicional- pudo dotar a la ciudad de un marco legal suficiente para su continuidad institucional durante varias décadas. Sólo en un segundo momento -y a causa de excepcionales circunstancias de inseguridad regional- habría sido considerada oportuna por el senado una oficialización del statu quo por medio de un tratado formal o foedus. El paralelo gaditano es, desde este punto de vista, elocuente, pues conocemos por Cicerón la existencia de iniciativas en el 78 a.C. tendentes a la redacción o renovación de los términos de la relación de la ciudad con Roma, que serán definitivamente expresados ahora en forma de foedus. Hemos subrayado, también, a este respecto, la existencia de indicios de carácter numismático en Ebusus -tales como la novedosa inclusión en el Grupo Campo XIX (datado post 91 a.C.) de leyenda de ceca y marca de valor-que podrían sugerir transformaciones políticoinstitucionales coincidentes en el tiempo con las de Gadir /Gades.

Si en el caso ebusitano existe al menos la posibilidad de construir hipótesis, el panorama de la civitas Bocchoritana en lo relativo a la cronología y circunstancias políticas de su foedus es todavía más problemático. Parece claro, en todo caso -teniendo en cuenta el perfil del conjunto de las civitates foederatae de Hispania - que este núcleo portuario y comercial del norte de Mallorca se adhirió por iniciativa propia a la causa romana sin que mediara, por tanto, un enfrentamiento militar directo. Considerando implícitamente que tal aproximación pudo darse en el 217 a.C., R. Zucca incluye a los Bocchoritani entre los habitantes de Mallorca que repelieron el intento de invernada de Magón en el 206 a.C., estableciendo una relación de causa-efecto entre tal actitud y la obtención del estatuto de civitas foederata por parte de Roma. Sería deseable que futuras investigaciones proporcionaran confirmación de tan sugerente hipótesis. La integración jurídica de cada uno de los núcleos de población preexistentes al 123 a.C. en los nuevos esquemas del Derecho romano se vio también acompañada, como ya señalábamos, por la adscripción administrativa del conjunto del archipiélago balear a la provincia romana más próxima: Hispania Citerior, así como por una serie de iniciativas de claro sesgo económico-militar, tales como el fomento de la colonización. El geógrafo Estrabón atribuye, en efecto, a Metelo (Baleárico) la fundación de póleis, en referencia a Palma y Pollentia. Paralelamente, nuestra fuente alude al traslado de tres mil hombres procedentes de Iberia, que serían asentados en tierras del archipiélago. Desde la perspectiva arqueológica, no obstante, esta referencia literaria plantea, en la actualidad, dificultades de comprobación, pues las estructuras romanas más antiguas conocidas en los centros mencionados se fechan a partir de la segunda o tercera década del siglo I a.C. La hipótesis más novedosa orientada a solventar esta divergencia entre las informaciones literarias y las conclusiones arqueológicas fue la propuesta por H. B. Mattingly en 1983, al atribuir a otro miembro de la gens Caecilia -Metelo Pío- la iniciativa del trasvase de población en el contexto de la reorganización de Hispania tras las guerras sertorianas. La llegada de los tres mil -entre los que se encontrarían numerosos itálicos, hispanos romanizados e hybridae, junto a algunos ciudadanos romanos- coincidiría de este modo, plenamente, con el inicio del registro arqueológico estructural en los principales núcleos romanos de la isla. De acuerdo con esta interpretación, antes del siglo I a.C. no debiera hablarse, en puridad, de ciudades de nueva planta, sino de meros puestos de vigilancia militar o castella.

El carácter estrictamente castrense de los primeros asentamientos romanos en el archipiélago -datables en 122 a.C.- continúa siendo hoy plenamente aceptable. Nos hallaríamos ante una amplia cadena de guarniciones de escasa entidad, diseminadas básicamente a lo largo del litoral mallorquín y menorquín y en las proximidades de ciertos núcleos indígenas. Parece probable, sin embargo -frente a la hipótesis de un error en el geógrafo de Amaseia -, que los tres mil hombres mencionados por Estrabón se encontraran destinados al servicio en tales puestos ya en el 123-122 a.C. La reducida dotación de cada uno de los puntos de vigilancia y la probable amortización de edilicia local son rasgos que podrían explicar por sí mismos la no recuperación de restos de estructuras romanas correspondientes al siglo II a.C. en Palma y Pollentia, sin perjuicio de que futuras excavaciones arqueológicas arrojen alguna luz sobre este punto, siendo revelador el caso de Sanisera.

Tras varias décadas de actividad y una vez regularizada la presencia romana en el archipiélago, algunos de estos destacamentos o castella perdieron su razón de ser y fueron desmantelados, en tanto que otros acuartelamientos -entre los que se encontrarían los de Palma y Pollentia - iniciaron un proceso de diversificación de actividades, recibieron inmigrantes civiles y, ya en el siglo I a.C., eclosionaron como verdaderas ciudades, dotándose de modelos organizativos típicamente itálicos. El primer registro arqueológico romano en ambos centros se relaciona, en efecto, con este impulso demográfico y político, que puede rastrearse en las fuentes de la Guerra Sertoriana. En su biografía del célebre opositor del régimen silano, Plutarco ofrece algunas breves alusiones a las operaciones militares en el archipiélago, aludiendo, por primera vez, a la existencia de una guarnición romana en Ebusus.

El biógrafo menciona también, significativamente, la presencia en la escuadra del silano Annio Lusco -que se dirigía a las islas- de cinco mil hoplitas , es decir, de soldados de infantería pesada, que, desde nuestro punto de vista, fueron muy probablemente destinados al refuerzo de las bases militares del archipiélago. Sería esta llegada masiva de contingentes la que -unida al fenómeno de la migración civil, muy notable ya en el siglo I a.C.- explicaría el inicio del registro arqueológico en los principales núcleos romanos de Mallorca. La condición jurídica de Palma y Pollentia -así como su posterior evolución estatutaria- continúan siendo en la actualidad objeto de polémica, por cuanto resulta difícil conciliar entre sí las referencias de las fuentes clásicas alusivas al status de ambas ciudades mallorquinas, que son mencionadas por Plinio como oppida civium Romanorum y por Mela como coloniae. Se ha venido aceptando mayoritariamente la fundación de estos centros como ciudades dotadas de una organización plenamente romana ya en el 123-122 a.C., con un status inicial de colonias latinas. Tal es la postura de prestigiosos investigadores, entre los que se encuentran H. Galsterer, R. C. Knapp, J. M. Abascal-U. Espinosa y J. Mangas. Los argumentos esgrimidos por los defensores de esta reconstrucción secentran en la habitual negativa senatorial durante el siglo II a.C. al establecimiento de colonias de ciudadanos romanos fuera de Italia, si bien parecen haber existido excepciones.

Frente a estas interpretaciones, asumiendo con Mattingly que la etapa inicial de Palma y Pollentia fue la de castella , la refundación de ambos centros como núcleos políticos -es decir, su nacimiento como ciudades- pudo corresponder a una coyuntura histórica relativamente distante, acaso ya iniciada la centuria siguiente, sin que existieran entonces obstáculos para su organización como colonias de ciudadanos romanos. Durante el siglo I a.C., la romanización del conjunto del archipiélago comienza a manifestarse, en efecto, como una realidad tangible, tanto desde el punto de vista socioeconómico -con el desarrollo progresivo de un nuevo modelo de explotación agraria basado en el empleo de mano de obra esclava y la parcelación del territorio- como desde la perspectiva cultural, documentándose el inicio de la latinización y la incorporación de nuevos cultos religiosos. La romanización del archipiélago presentó, sin embargo, una marcada tendencia hacia la heterogeneidad. El proceso experimentó un ritmo más rápido en Mallorca que en las islas vecinas a causa de la mayor intensidad del fenómeno migratorio y de la influencia ejercida por las ciudades romanas de Palma y Pollentia en el entorno inmediato. Son diversos los elementos documentales que permiten acreditar esta notable intensidad de las transformaciones.

Entre ellos, destacan la epigrafía de Sa Carrotja y nuestros datos sobre la evolución estatutaria de las ciudades indígenas. La necrópolis de Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca) ha proporcionado, hasta la fecha, una cincuentena de inscripciones funerarias, que constituyen el principal corpus epigráfico para el estudio de la romanización rural de la isla de Mallorca. Los estudios de M. Orfila han podido determinar un periodo de máxima utilización de este cementerio entre los siglos I a.C. y I d.C. Cabe reseñar, en primer lugar, que la introducción del hábito epigráfico parece, en sí misma, producto de la influencia romana, como sucede en otras áreas del Occidente antiguo. En él ámbito talayótico y postalayótico no parece haberse dado un sistema específico de escritura, de forma que los indígenas pasaron directamente de un mundo ágrafo al signario y lengua latinos, como es el caso de Sa Carrotja, si bien resulta probable que algunos individuos se hallaran familiarizados ya con los patrones culturales púnicos.

El análisis de la antroponimia de la necrópolis de Ses Salines desvela un interés creciente de la población local por los modelos onomásticos romanos (duo o trianomina ). A la hora de transformar su denominación, un elevado número de indígenas relegó a la posición de cognomen su viejo nombre en lengua vernácula, adoptando ahora el nomen (y, a veces, también el praenomen), del general responsable de las campañas romanas del 123-122 a.C. No nos hallamos en tales casos, evidentemente, ante miembros de gens Caecilia en sentido estricto, ni tampoco cabe reconocer en estas manifestaciones la presencia de ciudadanos romanos. La formulación de los epígrafes corresponde, más bien, a miembros de una población rural que, por razones de oportunidad política, económica y social, optó por un cambio onomástico oficioso, siquiera para consignar por primera -y única- vez su nombre por escrito en el trance de la muerte. Los principales agentes de la romanización de centros como el de Ses Salines -cuyo nombre antiguo desconocemos-no fueron tanto ciudadanos romanos como hispanorromanos e itálicos. Estos últimos, según ha demostrado M.ª J. Pena, habrían influido notablemente en el cambio lingü.stico de la población indígena, cuyas particularidades en el uso del latín epigráfico recuerdan, en efecto, a variantes oscoumbras.

Las razones de la presencia de tales itálicos -así como de numerosos inmigrantes de otras procedencias- estriban en las nuevas posibilidades ofrecidas por el territorio insular para la colonización agraria, proceso económico en el que también habría tomado parte, de algún modo, la población indígena. Íntimamente unido al fenómeno de romanización se encuentra, como hemos apuntado ya, el de un nuevo modelo de explotación del territorio basado, en ocasiones, en el sistema de centuriación. En el ámbito de la isla de Mallorca, los trabajos pioneros de V. Rosselló Verger sugirieron la existencia de parcelaciones romanas en las áreas de Ses Salines, Santanyí y Calonge, hipótesis que fueron objeto de ulteriores matizaciones. Por su parte, J. Cardell ha desvelado la existencia de trazas de otro antiguo catastro a partir del estudio de las supervivencias de lindes romanas en paredes y vías de comunicación identificables en la actualidad, tales como la carretera Palma-Alcúdia en el tramo de Consell a Inca, el Camí Vell de Muro y el camino de Sencelles a Sta. Eugènia.

La importancia del proceso romanizador en la isla de Mallorca se manifiesta también en la temprana promoción jurídica de algunas de sus ciudades indígenas. Para el estudio de tal evolución contamos con el testimonio excepcional de Plinio el Viejo, cuya Naturalis Historia -compilación del saber de su tiempo- se halla inspirada, por lo que aquí respecta, en fuentes de época de Augusto. En su catálogo de ciudades de la provincia Tarraconense, Plinio alude a Guium y Tucis como oppida latina . Es reseñable el carácter temprano de la concesión de tal status -que comportaba una nueva organización de las ciudades siguiendo los patrones administrativos romanos-, puesto que la mayor parte de los centros hispánicos no lograría la promoción sino con el Edicto de Latinidad, promulgado por Vespasiano en 73-74 d.C. y desarrollado por los restantes emperadores de la dinastía Flavia.37 En el caso de Guium y Tucis, la cronología preflavia de su promoción se deduce considerando tanto la datación de la fuente de Plinio como, especialmente, el hecho de que, en el pasaje pliniano alusivo a las islas, Ebusus , Iamo y Mago -futuros municipios flavios- aparecen aún como no privilegiados. Cabe pensar, por tanto, en época augústea como momento probable para tales cambios.

La temprana romanización de Guium y Tucis parece haber sido análoga a la experimentada por un tercer núcleo indígena de Mallorca, la ciudad de Bocchor. Este importante centro portuario, único de la mayor de las Baliares en haber gozado de estatuto de federación con Roma, evolucionó también, probablemente, al rango de municipio latino de modo que, en época de las fuentes de Plinio, había dejado ya atrás su inicial status de oppidum foederatum, según se deduce de la expresión empleada en la Naturalis Historia, no exenta, sin embargo, de dificultades interpretativas. El fin de Bocchor como federada de Roma no supuso, como ha venido defendiéndose, el ocaso de la ciudad mallorquina, debilitada, supuestamente, por la proximidad de Pollentia, sino, más bien, una nueva etapa de integración en la que la pujanza del nuevo municipio pudiera acreditarse epigráficamente. Dos son los textos conservados al respecto. Se trata, en ambos casos, de epigrafía jurídica en bronce, alusiva a la designación, por parte de las autoridades locales, de patronos de la ciudad.

Los documentos, que se fechan respectivamente en los años 10 a.C. y 6 d.C., ilustran sobre la capacidad de la ciudad para lograr la protección -en el primer testimonio- del consularis M. Licinio Crasso Frugi, posible gobernador saliente de la provincia en opinión de R. Syme -un planteamiento, sin embargo, recientemente discutido por J. Juan Castelló- La vitalidad económica, política y administrativa de las ciudades romanas de Mallorca puede reconstruirse con cierto grado de precisión en los casos de los grandes centros como Palma y Pollentia. La arqueología y la epigrafía constituyen aquí los pilares de nuestra investigación, habiéndose producido, en los últimos años, importantes avances. Por lo que respecta a la ciudad de Palma, hoy en día la práctica totalidad de los investigadores acepta la ubicación del núcleo romano en el subsuelo de la moderna capital administrativa del archipiélago. Conviene recordar, en todo caso, que no se ha recuperado aún una referencia explícita al topónimo Palma en la -por otra parte escasa- epigrafía de Ciutat. De la estructura política de este centro conocemos, como era esperable en cualquier ciudad organizada a la romana, la existencia del duunvirato, máxima responsabilidad local ejercida de forma colegiada por dos personas durante el plazo de un año. Esta magistratura es mencionada en la lápida del Estudi General Lul.liá, publicada por G. Rosselló Bordoy en 1955, inscripción alusiva a un miembro de la élite local adscrito a la tribu Velina.

La epigrafía de Pollentia , mucho más abundantemente recuperada a causa de la ubicación del yacimiento en campo abierto,43 ilustra también sobre la pertenencia de sus ciudadanos a la citada tribu, siendo ambos núcleos mallorquines los únicos del conjunto de Hispania vinculados a la Velina. Son diversas las referencias pollentinas al ejercicio del duunvirato, entre las que destacaríamos, por su novedad, la recuperada en la campaña de excavación del verano del 2001, bajo la dirección de M. Orfila. La epigrafía de la ciudad ofrece también detalles sobre la existencia de la edilidad como magistratura inferior del cursus honorum.

Junto al ejercicio de magistraturas, las inscripciones informan acerca de la presencia de senado local o curia en Pollentia -aunque es indudable su existencia para el resto de las ciudades privilegiadas-, así como del ejercicio de sacerdocios cívicos -tales como el pontificado o el flaminado- por los notables locales. Algunos de éstos se desplazaron de unas ciudades mallorquinas a otras en busca de mayor promoción personal. Así el ciudadano romano Cn. Cavio Amethysto, quien, tras completar en Guium el cursus local, se radicó en Palma , ciudad en la que desempeñó también todas las magistraturas, terminando su carrera, muy probablemente, como máximo responsable del culto imperial del conjunto de la provincia Tarraconense. Fue, en efecto, la capital provincial el destinode la carrera política de diversos personajes originarios de las islas, y parte de nuestrainformación epigráfica se ha localizado allí. Tal es el caso de los palmenses L. Aufidio Segundo y L. Clodio Ingenuo, así como del palmense o pollentino Q. Cecilio Serrano, todos ellos ya en época altoimperial.

Enrique García Riaza, Mayurqa (2003), 29: 71-83